Al menos 17.000 profesionales de la salud han fallecido por COVID-19 en el último año, según un nuevo estudio de Amnistía Internacional, Internacional de Servicios Públicos (ISP) y UNI Global Union, en el que estas organizaciones instan a adoptar medidas urgentes para acelerar la vacunación de millones de profesionales sanitarios de primera línea en todo el mundo.
Esta seria advertencia llega en un momento en el que las desigualdades en el acceso a la vacuna a nivel mundial no dejan de aumentar. Hasta la fecha, más de la mitad de las dosis disponibles en todo el mundo se han administrado en tan sólo 10 países ricos en los que vive menos del 10% de la población mundial mientras que, en más de 100 países, aún no han vacunado ni a una sola persona. Dado que muchos de los países más pobres van a recibir sus primeros lotes de vacunas en las próximas semanas y meses, las organizaciones han pedido a los gobiernos que incluyan a todo el personal sanitario de primera línea en sus planes de distribución a todo el personal sanitario de primera línea, como los y las profesionales que en muchos casos han sido ignorados durante la pandemia, por ejemplo personal de limpieza, personal de salud comunitaria y personal de servicios sociales, a fin de salvar vidas y garantizar condiciones laborales seguras.
“Cada 30 minutos muere de COVID-19 un trabajador o trabajadora de la salud. Es una tragedia y una injusticia. El personal sanitario de todo el mundo ha arriesgado su vida para intentar protegernos frente a la COVID-19 y, sin embargo, en demasiados casos lo han hecho sin contar con protección alguna, y han pagado el peor precio por ello”, afirma Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional.
“Los gobiernos deben garantizar la protección de todo el personal sanitario, en todo el mundo, frente a la COVID-19. Han arriesgado sus vidas durante toda la pandemia, y ha llegado la hora de darles prioridad en la administración de estas vacunas que salvan vidas. Es necesario adoptar medidas urgentes para acabar con las enormes desigualdades en el acceso a las vacunas a nivel mundial, de manera que un trabajador o trabajadora de la salud en Perú esté tan protegido como un médico o médica en el Reino Unido”.
Las organizaciones han analizado los datos disponibles publicados por gobiernos, sindicatos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil de más de 70 países. No obstante, si tenemos en cuenta que muchos gobiernos no han recopilado datos oficiales o lo han hecho solo parcialmente, es muy probable que estas cifras estén bastante por debajo de la realidad.
Abandono y desprotección
La inseguridad de las condiciones laborales, unida a la falta de equipos de protección individual (EPI), han generado enormes problemas para el personal sanitario de todo el mundo durante la pandemia, especialmente en las primeras fases. Un informe de Amnistía Internacional de julio de 2020 reveló que prácticamente la totalidad de los 63 países analizados carecían de EPI suficientes. Algunos colectivos se han visto especialmente afectados por este abandono, y en países como Malasia, México y Estados Unidos, el personal de limpieza, de servicios auxiliares y de servicios sociales han sufrido represalias, entre ellas despidos y detención, por exigir EPI y unas condiciones de trabajo seguras.
En un considerable número de países, el abandono del personal sanitario se ha convertido en una constante durante la pandemia. Hasta la fecha, 1.576 trabajadores y trabajadoras de residencias de personas mayores han muerto por COVID-19 en Estados Unidos. En el Reino Unido fallecieron 494 trabajadores y trabajadoras sociales en 2020, y los datos públicos del gobierno revelan que las personas que trabajaban en residencias de mayores y como asistentes sociales tenían más del triple de probabilidades de morir por COVID-19 que la población activa en general.
Un reciente informe de UNICARE, un departamento de UNI Global Union, destacaba que el personal de asistencia social que desarrolla su trabajo en distintos contextos, con contratos temporales con agencias y en instalaciones con menores ratios de personal por cama presentaba mayores índices de contagio y mortalidad.
“Estas muertes son terribles, catastróficas, y reflejan tan solo una parte del verdadero coste de la pandemia para el personal de cuidados de todo el mundo. El virus no distingue entre un cirujano o cirujana y un enfermero o enfermera de una residencia de mayores o un asistente de atención domiciliaria, y tampoco debe hacerlo nuestra estrategia sobre vacunación, distribución de equipos de protección y protocolos de seguridad para el personal de cuidados expuesto a la COVID-19”, señala Christy Hoffman, Secretaria General de UNI Global Union.
“Nuestra respuesta a la COVID-19 debe dar lugar a cambios fundamentales en la asistencia ya que, de lo contrario,reproducirá las desigualdades que han puesto en riesgo tantas vidas innecesariamente”.
Desigualdad en la vacunación
En la mayoría de los países, los planes nacionales de vacunación dan prioridad al personal sanitario, muy expuesto al virus; sin embargo, debido a la desigualdad en el acceso a las vacunas a nivel mundial, en más de 100 países no se ha vacunado ni a un solo profesional de la salud.
Al mismo tiempo, el personal sanitario de algunos países que ya han iniciado sus programas de vacunación corre el riesgo de no ser considerado un colectivo prioritario o de tener que esperar para vacunarse, debido bien a la falta de suministro, bien a problemas de ejecución de los planes de vacunación, o bien por una definición limitada del concepto de profesional de la salud.
En términos generales, el personal sanitario en Europa ha sido un grupo prioritario en el marco de los planes nacionales, pero los problemas de suministro han ralentizado el proceso de vacunación. En algunos países, los sindicatos también han tenido que abogar por que el personal de las residencias de mayores se incluyese en la definición de personal sanitario, de manera que también se contasen entre los colectivos prioritarios para la vacunación.
En países como Brasil y Perú, donde la vacunación del personal sanitario comenzó en enero y febrero, respectivamente, las organizaciones de profesionales de la salud han denunciado que, en determinados contextos, se ha vacunado al personal administrativo y directivo antes que a los trabajadores y trabajadoras de primera línea. En Perú, parte del personal de limpieza y recogida de residuos tampoco está recibiendo las vacunas, a pesar de su exposición al virus.
En Sudáfrica, donde en 2020 fallecieron más de 492 profesionales de la salud, el gobierno ha empezado hace poco a vacunar a parte del personal sanitario, en el marco de un ensayo de la vacuna de Johnson and Johnson, y se prevé que reciba más suministros de la vacuna en los próximos meses, aunque sus planes de vacunación iniciales se vieron obstaculizados por la suspensión del uso de la vacuna de Oxford y AstraZeneca. En febrero, el sindicato de personal de enfermería de Sudáfrica (Democratic Nursing Organisation of South Africa, DENOSA) instó al gobierno a garantizar la vacunación de todo el personal de enfermería de las zonas rurales del país, que había quedado relegado en la distribución de EPI:
Es imprescindible que los gobiernos den prioridad en sus planes de vacunación al personal sanitario. Como muestra de apoyo a la campaña por una vacuna universal, Amnistía Internacional, Internacional de Servicios Públicos y UNI Global Union también instan a los gobiernos a adoptar medidas urgentes para impulsar el suministro mundial de vacunas, invirtiendo en capacidad de fabricación y garantizando que las empresas productoras comparten sus tecnologías y conocimientos, a fin de garantizar que todas las personas tengan la oportunidad de vacunarse.
“Un mecanismo clave para acelerar la vacunación y evitar más muertes innecesarias entre el personal de primera línea pasa por una exención de la OMC sobre las patentes que permita abaratar las vacunas, y que debe ir acompañada de subvenciones para los países más pobres que, a pesar de ello, sigan sin tener capacidad para adquirirlas”, señala Rosa Pavanelli, Secretaria General de ISP.
“Todos los gobiernos deben tener capacidad para adquirir vacunas contra la COVID-19, así como para administrárnoslas, a nosotras y nuestras comunidades, lo antes posible. El personal sanitario no estará seguro hasta que todos y todas lo estemos”.
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