Hace algunas semanas, la muerte de la simpatizante Mapuche Emilia Herrera consternó al país, sumando más antecedentes a un conflicto entre comunidades Mapuche, organizaciones armadas y también con condominios como fue lo ocurrido el día 16 de febrero del 2021.
El Lof Llazcawe, organización Mapuche, en noviembre del 2020, declaró a través de sus redes el inicio del proceso de recuperación de tierras en la zona del desagüe del Lago Riñihue. Todo esto como reacción a las nuevas construcciones alrededor del lago, en especial por el arribo del condominio “Riñimapu”, producto de la subdivisión del territorio donde estaba ubicado el ex Hotel Riñimapu. El condominio que ofrece loteos con acceso exclusivo a la playa del lago, cercó el lugar e incluso puso algunas rejas de alambre de púa en la misma playa.
Luego de que el Lof se instalara en el lugar, las tensiones comenzaron a crecer, amenazas y actos provocativos que terminaron finalmente en la explosión del conflicto la noche del 16 de febrero 2021, con la lamentable muerte de Emilia de 25 años.
Fuego cruzado
Una arista olvidada en este conflicto y otros similares en el sur de Chile, son las familias que quedan en medio del fuego cruzado entre autoridades y comunidades mapuche o entre dichas comunidades y condominios o fundos. Es el caso del músico y arquitecto Gonzalo Peña Figueroa, quien fue testigo de la tensión entre ambas partes, y sin quererlo, también víctima de la furia descontrolada de la noche en que todo se salió de control, su casa fue atacada y gracias a la diplomacia de su primo Adolfo, consiguió evitar que la turba quemara su hogar.
“Escuchamos balazos, no vimos nada obviamente, pero escuchamos muchos balazos. Escuchamos gritos, y en cosa de minutos vimos como ardieron tres construcciones distintas. Todo esto pasó en media hora”, cuenta Gonzalo.
A las 23:00 horas, alrededor de cuatro personas llegaron a la propiedad de su familia con piedras y otros elementos. Mientras estas personas rompían los vidrios del primer piso de la casa, Gonzalo y su familia preparaban sus cosas para salir del lugar.
La familia Figueroa lleva más de 90 años en la zona, y siempre han tenido buenas relaciones con todos sus vecinos. No son latifundistas, tampoco forman parte de comunidades activistas. Son una familia vinculada a su tierra, abuelos y padres nacieron y crecieron ahí, incluso en sus tierras ha existido un paso liberado histórico para que cualquier vecino o turista visite la playa.
Hoy en día la familia Figueroa vive con miedo de estar en medio de una guerra no declarada entre bandos no identificados, en la que no sólo lo material está en peligro, sino la vida de las personas y piden que las autoridades se hagan presente, no sólo con la fuerza, sino también con acciones políticas y sociales para aliviar el constante estrés en que los vecinos de las zonas en conflicto viven día a día.
Gonzalo muy acongojado cuenta que “sentimos que no somos escuchados ni considerados por nadie. Ya que no somos parte activa del conflicto; no queremos ser víctimas casuales de algo que nadie quiere hacerse cargo”.
“Hago un llamado desesperado al Gobierno, a las autoridades para que el Estado se haga parte, ya sea desde Bienes Nacionales u otro organismo, se involucren realmente y logren mediar en este conflicto. Evitando así que la violencia siga siendo la protagonista”, puntualizó el arquitecto.
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