Por Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile
Avanzar en temas de seguridad y reforzar la labor de las policías en Chile claramente es necesario. Eso no está en discusión; pero un problema tan complejo requiere ser abordado con seriedad, responsabilidad y en base a estándares internacionales de derechos humanos. Y la verdad es que esto prácticamente no se ha visto en el trámite legislativo exprés que hemos visto por estos días.
Aprobar tal cual está el proyecto llamado “Nain Retamal” es como mínimo una respuesta oportunista que puede tener terribles consecuencias y un enorme retroceso en materia de derechos humanos para el país.
¿Qué nos preocupa de este proyecto? En su forma actual valida un uso desproporcionado de la fuerza, transgrediendo los principios de necesidad y proporcionalidad, y la jurisprudencia internacional en el tema tanto de los Órganos de Tratado de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de derechos humanos. Además, la nueva causal de legítima defensa puede limitar el ejercicio de las garantías judiciales para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, debido a que la redacción de la normativa es muy ambigua y privilegia la interpretación subjetiva del funcionario involucrado en los hechos, a la hora de establecer si se legitima o no la defensa propia. A su vez, la causal ‘privilegiada’ invierte la carga de la prueba haciendo que sea la víctima quien deba probar que no aplica esta eximente.
Por otra parte, afirmar que la aprobación de este proyecto aumentará la seguridad no sólo es erróneo, pues la experiencia no ha validado esa tesis; sino que por el contrario sí se ha comprobado que leyes similares incrementan el riesgo de abusos policiales y de que éstos queden impunes.
En definitiva, necesitamos combatir la delincuencia y es necesario contar con mecanismos de protección y formación adecuada para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pero esto no se logra con este tipo de proyectos. La reforma a la institución de Carabineros es la vía más efectiva y consistente para cumplir estos objetivos. Una reforma policial debe contemplar, entre otros aspectos, preparación, recursos y herramientas adecuadas para ejercer la fuerza, cuando sea necesario de forma proporcional y progresiva, y asumiendo la responsabilidad de mando por los resultados de las intervenciones. Por otra parte, debe considerar un mayor control civil y una actualización de protocolos que tengan como eje central el respeto de los derechos humanos.
Tras las graves y generalizadas violaciones de derechos humanos que conocimos en el marco del estallido social, surgió un consenso sobre la necesidad de reformar a Carabineros; sin embargo, el compromiso del gobierno en este aspecto se ha difuminado paulatinamente. El llamado a las autoridades es a no olvidar esta urgencia y, por lo pronto, a recapacitar poniendo los esfuerzos en que la Ley Nain Retamal no sea una fuente de abusos e impunidad.
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